Loco Pildorita
Miembro Maestro
La jueza Paola Valdivia Sánchez negó haberse comunicado con Andrés Hurtado para tratar procesos judiciales, aunque mencionó que su fallecido esposo sí tuvo cercanía con el presentador de TV
La jueza anticorrupción Paola Valdivia Sánchez se retractó este domingo de sus declaraciones iniciales sobre una presunta remodelación realizada en su departamento por el conductor de televisión Andrés Hurtado, quien se encuentra detenido al ser implicado en una trama de tráfico de influencias, sobornos y lavado de activos.
El caso fue expuesto la semana pasada por el programa Beto A Saber, donde un testigo afirmó que el presentador ofreció el beneficio a cambio de decisiones favorables en el proceso legal de un tercero. La magistrada especializada en delitos de corrupción de funcionarios y crimen organizado de Lima admitió haber recibido la remodelación, pero negó estar implicada en actos ilícitos. Sin embargo, ahora ha rechazado por completo la recepción.
Sin embargo, un extrabajador del conductor aseguró que la remodelación “fue una sorpresa“ entregada cuando ella “estaba viendo el caso del señor Alfredo Benavides”, un humorista implicado en un caso de lavado de activos. “El departamento que se remodeló (está) en la avenida Brasil. La única persona que tiene fotos de ese departamento remodelado es el señor Andrés y yo porque yo le enviaba fotos de los resultados”, dijo el testigo.
Beto Ortiz, conductor del programa, expuso una carta notarial enviada por Valdivia en la que figura su dirección de la avenida Brasil, en el distrito de Pueblo Libre, una referencia que coincide con la declaración. Además, divulgó un audio en el que la magistrada, fuera de sí, trató eventualmente de detener la publicación del informe.
“Si el señor me va a hacer daño, yo emocionalmente no estoy bien. (...) No voy a permitir que él me dañe. El que nada debe nada teme. Si él se mete conmigo (...), yo saco lo que tengo y se va a la mi***a su programa. (...) Que me toque y yo hablo (...) que a mí no me meta en esa sarta de sinvergüenzas (...) Mi marido ya se fue a la mi***a, yo estoy sola”, se escucha en la grabación.
La jueza anticorrupción Paola Valdivia Sánchez se retractó este domingo de sus declaraciones iniciales sobre una presunta remodelación realizada en su departamento por el conductor de televisión Andrés Hurtado, quien se encuentra detenido al ser implicado en una trama de tráfico de influencias, sobornos y lavado de activos.
El caso fue expuesto la semana pasada por el programa Beto A Saber, donde un testigo afirmó que el presentador ofreció el beneficio a cambio de decisiones favorables en el proceso legal de un tercero. La magistrada especializada en delitos de corrupción de funcionarios y crimen organizado de Lima admitió haber recibido la remodelación, pero negó estar implicada en actos ilícitos. Sin embargo, ahora ha rechazado por completo la recepción.
Sin embargo, un extrabajador del conductor aseguró que la remodelación “fue una sorpresa“ entregada cuando ella “estaba viendo el caso del señor Alfredo Benavides”, un humorista implicado en un caso de lavado de activos. “El departamento que se remodeló (está) en la avenida Brasil. La única persona que tiene fotos de ese departamento remodelado es el señor Andrés y yo porque yo le enviaba fotos de los resultados”, dijo el testigo.
Beto Ortiz, conductor del programa, expuso una carta notarial enviada por Valdivia en la que figura su dirección de la avenida Brasil, en el distrito de Pueblo Libre, una referencia que coincide con la declaración. Además, divulgó un audio en el que la magistrada, fuera de sí, trató eventualmente de detener la publicación del informe.
“Si el señor me va a hacer daño, yo emocionalmente no estoy bien. (...) No voy a permitir que él me dañe. El que nada debe nada teme. Si él se mete conmigo (...), yo saco lo que tengo y se va a la mi***a su programa. (...) Que me toque y yo hablo (...) que a mí no me meta en esa sarta de sinvergüenzas (...) Mi marido ya se fue a la mi***a, yo estoy sola”, se escucha en la grabación.
A raíz de este caso, la Corte Superior de Justicia de Lima la retiró de su cargo en la Segunda Sala Penal de Apelaciones, con lo cual retornará al Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Corrupción de Funcionarios y Crimen Organizado. Además, la Sala Plena de la Corte Suprema designó a dos jueces supremos para investigar las “posibles irregularidades administrativas y de gestión” cometidas por la magistrada con un plazo de 15 días hábiles para emitir un informe.